En tiempos de crisis económica, como la que padecemos, parece lógico que el número de personas que acuden a estos lugares se incremente de forma notable. También en épocas de bonanza se apreciaba un aumento de compradores, ahora bien, por motivos muy diferentes. Nos decía una verdulera, el sábado santo pasado, que hacia mucho tiempo que no se veía tanta afluencia de público al mercado semanal.
Podemos decir que este tipo de espacios o áreas comerciales han hecho posible que los habitantes de pequeñas ciudades y pueblos sigan los consejos, aun sin saberlo, de nutricionistas y economistas. Unos y otros coinciden en aconsejar que consumamos frutas, verduras y todo tipo de productos de temporada – es mucho mas sano comer aquello cuya obtención y conservación no se ha forzado con compuestos químicos ni con medios artificiales – y en que los adquiramos de producción y productores locales – menores costes y márgenes comerciales y mayor frescura de los alimentos-.
Además nos encanta desde tiempo inmemorial, como buenos mediterráneos que somos, curiosear por mercados, bazares y zocos; tocar la mercancía y a la hora de pagar, regatear. Casi todas las mujeres y algún varón se vanaglorian de haber encontrado, en alguna ocasión, una bicoca extraordinaria por su calidad y precio en tales espacios, eso si, siempre que se sepa buscar.
Precisamente en esas fechas de afluencia masiva es cuando se ve deambulando por aquellos lugares a visitantes no habituales perdidos entre el cúmulo de puestos y el gentío, desconfiados ante tan colorida oferta, sin un solo rotulo o etiqueta y voceada por los vendedores. Los habituales, sin embargo, conocen la ubicación de los puestos y su mercancía y hasta el nombre de los vendedores. En este sentido la Administración podría adoptar medidas que incentiven, por una parte, la venta en esos lugares de todo tipo de artículos y productos de agricultores, artesanos y comerciantes locales y por otra habría que regular el etiquetado de productos acreditando su procedencia e informando de todos aquellos datos relevantes para la seguridad alimentaria de los consumidores.
Por ultimo acudir a estos lugares permite comprobar los abusivos márgenes y estrategias comerciales que establecen las grandes superficies.
Gerardo Díaz Ferrán, presidente y adalid de la Conferencia Española de Organizaciones Empresariales, más conocida por sus siglas CEOE, manifestó hace unos días que era urgente; si se quería detener la destrucción de empleo e incluso posibilitar la creación de nuevos puestos de trabajo; la adopción de las medidas siguientes:
– Que los ERE (expedientes de regulación de empleo) no tengan que ser aprobados previamente por la Administración, con ello se conseguiría una mayor rapidez en su tramitación y así resultaría más fácil mantener los puestos de trabajo.
– Que la indemnización por despido sea como máximo de veinte días por año trabajado.
Como sabemos, por ser de dominio público, a los empresarios en general, y en particular a los integrados en esa organización, el interés que verdaderamente les guía, es, por un lado, el de crear puestos de trabajo cada vez de mayor calidad (o sea, más estables y mejor retribuidos), y por otro, el de generar y distribuir riqueza entre los más desfavorecidos. Si algún beneficio les queda o alguna riqueza sin repartir, ellos lo aceptan sin vergüenza ni remordimiento alguno, pues su ánimo es, como hemos dicho, el de generar empleo y riqueza para todos.
Teniendo en cuenta las altísimas cantidades que directivos, gerentes, ejecutivos o consejeros de grandes empresas y corporaciones perciben como retribuciones, indemnizaciones, blindajes o incentivos, que en algunos casos supone que éstos han recibido 275 veces más dinero que los trabajadores a su cargo (este ratio era de sólo 36 veces en 1976)
Considerando, por tanto, el carácter solidario y desinteresado de la CEOE que casi la convierten en una ONG en el campo de las relaciones laborales, nosotros sugeriríamos a ésta, que impusiera a sus empresas asociadas las medidas, que se dirán a continuación, más solidarias y desinteresadas, si cabe:
– Entidades en cuya gestión se haya cometido alguna infracción penal o administrativa.
Se aconsejaría (discretamente) a su personal directivo que cumpliera las siguientes recomendaciones:
A) Que se vayan indefinidamente a la (puta) calle.
B) En cualquier caso, devolverán el dinero recibido anualmente, que exceda de 100 veces más que la retribución media de sus trabajadores en igual periodo.
C) Tendrán que vivir humildemente el resto de sus días, como la gran mayoría de los españoles (en un piso casi siempre pequeño, con un coche normal…) y
D) Tendrán que prestar, como voluntarios, 65 horas semanales de trabajo social a la comunidad. Colaboración que esta ya les sabrá agradecer.
– Entidades que sin haber cometido infracción alguna, hayan realizado una mala gestión.
En este caso sólo se les sugeriría (siempre discretamente) el cumplimiento de las recomendaciones B), C) y D) sólo 25 horas semanales.
– Entidades cuya gestión haya sido buena o normal.
Sus directivos sólo tendrían que atender las recomendaciones C) y D) sólo 25 horas semanales.
No hay duda los gurús de la economía mundial han identificado a los causantes de esta crisis mundial de nefastas e incalculables consecuencias.
Son los bancos y entidades financieras y sus directivos los que, sobre un tipo de préstamo conocido como hipotecas basura, montaron un complejo entramado financiero, capaz de enriquecer desorbitadamente a los participantes en el mismo. Si bien su núcleo original estaba en Estados Unidos sus consecuencias no habrían sido tan graves para el mundo entero, si como se ha comprobado un número muy importante de bancos y entidades financieras de toda la tierra no hubieran participado en dicho entramado.
Hay una lista. Exigir responsabilidades económicas a esas entidades para que las satisfagan, una vez salvadas con el dinero del pueblo, en los años venideros, es lo menos que se puede pedir a los gobernantes de cada país afectado.
Mas fácil aún es exigírselas ( y hacerlas efectivas ) a los gestores de esas entidades, todos son conocidos con nombre y apellidos, el mas reciente de ellos Bernard Madoff, así como las cantidades billonarias que se llevaron, en muchos casos como indemnización al ser despedidos por su desastroso trabajo para esas entidades, en otros casos como producto de su estafa. No son, sin embargo, de dominio público las ingentes cantidades que estos individuos se embolsaron a través de otros sutiles instrumentos, producto de la ingeniería financiera, como podrían ser las opciones sobre acciones (stock options) y las propias participaciones en el capital social de aquellas entidades.
Nuestros excelentísimos gobernantes deberían, no solo como hemos dicho exigirles que devuelvan todo lo indebidamente cobrado, sino que además deberían intervenir para recortar los exorbitantes y abusivos sueldos que estos ejecutivos se atribuyen. Baste recordar que los doce altos ejecutivos que dirigieron a la gran banca estadounidense en las vísperas y durante el hundimiento de Wall Street vieron premiado su fracaso con alrededor de quinientos millones de dólares.
Igual responsabilidad patrimonial habría que reclamar y efectivamente cobrar a los auditores y a los calificadores de solvencia y liquidez de bancos y entidades, sobre todo porque no se enteran: sabíamos, porque así se nos había advertido y porque casi cualquiera podía preverlo, que la burbuja inmobiliaria habría de estallar en cualquier momento. Por el contrario ninguno de aquellos profesionales nos había advertido de la hecatombe financiera que se iba a producir, más bien al contrario, hasta unos pocos días antes del rescate por parte del estado de las grandes empresas que estaban a punto de hundirse, sus informes hablaban muy bien de la solvencia y liquidez de estas entidades culpables y quebradas.
Y por ultimo a todos los culpables : gestores, altos ejecutivos, miembros de los consejos de administración de las entidades implicadas…, ante la imposibilidad de meter en la cárcel a sociedades, compañías , multinacionales y cualesquiera otras personas jurídicas, habría que aplicarles el código penal con todo rigor y con nuevas penas, como la que proponemos en un escrito editado en este mismo blog con el titulo de Delincuencia de Guante Blanco e Impunidad, esto es, declararlos pobres de solemnidad.
